Turquía

Continúa el incesante goteo de noticias a cerca de la situación en Turquía, cada una más sorprendente y preocupante que la anterior, tras el "fallido" golpe de estado de la semana pasada.

Tras el rápido desenlace y la no menos acelerada restitución de la normalidad, y tan solo unas horas después de producirse la asonada, comenzaron a llegarnos noticias de las primeras consecuencias para la población.

En apenas un par de días se produjeron más de siete mil quinientas detenciones (6.000 de las cuales correspondían a militares, en su mayoría de alta graduación), más de 8.000 policías fueron apartados de sus puestos, así como 3.000 miembros de la judicatura suspendidos de sus funciones (en su mayoría magistrados y fiscales, incluido alguno del Tribunal Supremo), al igual que cerca de 2.000 agentes del fisco. También se produjo el cese de una treintena de gobernadores provinciales. 

Todos ellos, supuestamente, acusados de estar detrás de la intentona golpista. Purgados con rapidez para preservar la democracia y el estado de derecho. Pero todo ello, obviamente, sin ningún tipo de juicio previo. Ni tan solo la instrucción de un expediente en el que se tuvieran las más mínimas garantías, la audiencia a los interesados y la indispensable defensa de sus derechos. Resulta cuanto menos curiosa la forma de entender esta defensa de la democracia.

Hasta el lunes eran unos 13.000 los empleados públicos afectados por los ceses, la mayoría de ellos pertenecientes a los ministerios de Justicia, Interior y Finanzas.

El martes continuó la purga: 40.000 funcionarios del ministerio de educación, casi en su totalidad profesores, directores de institutos, catedráticos y rectores de universidad; otros 1.000 de lo servicios secretos, 257 de la oficina del primer ministro y cerca de un millar entre los pertenecientes al ministerio de la familia y al de asuntos religiosos.

A la cifra anterior hay que añadir la revocación de otros 22.000 profesores que ejercían en instituciones privadas, que suponen el cierre inmediato, al menos temporalmente, de un buen número de centros educativos.

También se ha anunciado la suspensión de las vacaciones de verano para más de 3 millones de funcionarios, y la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo de aquellos que se encontraban disfrutándolas. Además, a los profesores y empleados de las distintas universidades se les ha prohibido viajar al extranjero y se ha exigido la vuelta a los que se encontraban fuera del país.

Pero si todo lo anterior no resultara ya de por sí digno de la mayor de las críticas y resultara reprobable para todo aquel que se considere mínimamente demócrata, ayer mismo se produjo una nueva vuelta de tuerca en esta preocupante situación. Y es que en la vorágine de medidas urgentes y celeridad desmedida en la que se haya instalado el gobierno turco, el Consejo de Ministros aprobó la declaración del Estado de Emergencia por un periodo (en principio) de tres meses para "controlar la situación y garantizar la estabilidad económica". En palabras del propio Erdogan lo que se pretende con estas medidas es "combatir la amenaza a la democracia".

Cabe recordar que dicha situación excepcional, regulada en el artículo 120 de la constitución turca (por cierto, redactada por la junta golpista de 1980), faculta al gobierno para imponer severas restricciones en cuanto a derechos y libertades de los ciudadanos, afectando a la libertad de movimiento, de reunión y de expresión. Permite imponer toques de queda, impedir el tráfico o el paso por determinados lugares, realizar registros sin previa autorización judicial, incluso despedir a los trabajadores sin tener en cuenta los convenios laborales. Prohibir o censurar publicaciones de prensa, radio y televisión (extensiva a cualquier tipo de actuación cultural), además de hacer necesaria la autorización previa para la importación de publicaciones y obras producidas fuera del territorio turco. 

 
"Nadie de fuera tiene derecho a criticar las decisiones que tomamos, antes que se miren ellos mismos" ha manifestado el presidente Erdogan defendiéndose de las cada vez más numerosas críticas internacionales, apuntando, aunque de forma velada, la posibilidad de que países extranjeros pudieran estar involucrados en el golpe. "Como comandante en jefe, limpiaremos junto a nuestros soldados todos los virus de las fuerzas armadas". Y a fe que lo están haciendo.



Sin querer hablar de autogolpe -aunque visto desde la distancia puede parecer que tiene toda la pinta de serlo- dentro del panorama internacional comienzan a alzarse voces alertando del cariz que está adoptando la situación en Turquía, exigiendo al gobierno que mantenga en todas sus actuaciones el máximo respeto a los derechos humanos y a los procedimientos legales para las investigaciones que se deban llevar a cabo. Esperemos que (por una vez y sin que sirva de precedente) las distintas instituciones y los políticos de relevancia internacional (¿?) estén a la altura de las circunstancias, ejerciendo la presión justa pero necesaria para ayudar al restablecimiento de todos y cada uno de los derechos y libertades de los que está siendo privada la ciudadanía de ese país.



Primero vinieron a por los jueces, pero yo no me preocupé porque no era juez.
Luego vinieron a por los militares y los policías, pero yo tampoco lo era.
Después a por profesores, políticos y sindicalistas, y yo continuaba tranquilo.
Después vinieron a por los kurdos, pero yo tampoco era kurdo.
Ahora vienen a por mi... y no queda nadie que me pueda ayudar.